Andrés Cabrera, 27 de diciembre, 2021
El ciclo de movilizaciones y la irrupción del malestar que emerge en Chile en 2011 [1] puede entenderse como el punto de inicio de un período de descomposición que comienza a reflejar las contradicciones estructurales de un neoliberalismo maduro [2], los límites de la Constitución de 1980 y el resquebrajamiento del consenso social [3].
La potencia del movimiento estudiantil se ancla ese año a las externalidades negativas de la modernización neoliberal. Su fundamento no es la mera utopía abstracta basada en ideas maximalistas de transformación revolucionaria, sino que su origen está más bien ligado a algo mucho más pedestre: la deuda alcanzada por las familias chilenas por educar a sus hijos y a las expectativas no satisfechas por la sociedad meritocrática [4]. El resumen ejecutivo sería más o menos el siguiente: la deuda, por la nubes; el «cartón», completamente devaluado.
Esta es quizás la principal fractura que marca a la generación juvenil de 2011. El transcurso de esa década fue luego mostrando la degradación de la conducción hegemónica del sistema de reparto duopólico del poder (derecha política/Concertación) y sus formas institucionales. Las organizaciones universitarias así lo entienden, y se muestran dispuestas a formar sus propios partidos y disputar el poder institucional del Estado.
Prueba de ello es el ingreso de un variopinto grupo de liderazgos estudiantiles de la CONFECh a la Cámara de Diputados en 2014. Karol Cariola (PC) había sido presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en 2010; Giorgio Jackson (RD), presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica durante el decisivo 2011, lo mismo que Camila Vallejo (PC) liderando la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Gabriel Boric (IA) conquistaría la presidencia de la FECH un año más tarde, desbancando a la lideresa comunista (quien resultaría segunda y asumiría, por ende, la vicepresidencia de la mesa ejecutiva). Así, la «bancada estudiantil» aparecía ya en 2014 como el germen de lo nuevo.
A medida que el proyecto de la Nueva Mayoría y el segundo gobierno de Michelle Bachelet se debilitaba y fragmentaba, el proceso de convergencia frenteamplista que se produce en vista a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017 logró reunir a más de once partidos y movimientos, dentro de las cuales destacaban diversas orgánicas provenientes del mundo estudiantil universitario, sectores ecologistas, liberales, humanistas, socialistas y movimientos de pobladores, entre otros [5].
La presentación formal del Frente Amplio a inicios del 2017 establece cinco ejes: (i) La conformación de una fuerza política social y transformadora cuyo propósito es superar el neoliberalismo; (ii) la unidad en la diversidad, con vocación participativa, democrática y plural; (iii) ser alternativa al duopolio conformado por la derecha y la Nueva Mayoría; (iv) independencia total del poder empresarial; y (v) un programa construido democráticamente como base de la unidad [6].
El año 2017 no solo trae para la historia de esta generación la gesta de una nueva coalición política, sino también su inmediata irrupción electoral como tercera fuerza nacional, a partir del gran resultado obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales (20%) y su ingreso al Congreso con veinte diputados y diputadas más un senador.
El síntoma frenteamplista mostraba el resquebrajamiento del sistema de reparto duopólico del poder heredado del proceso transicional y la momificación de las estructuras partidarias tradicionales; como hemos visto, fenómenos también característicos de los cambios de época acaecidos en las sociedades modernas.
Es indiscutible que el ingreso del Frente Amplio al Congreso en marzo del 2018 produjo un corrosivo proceso de parlamentarización, con luchas permanentes de camarillas internas y escasa capacidad de maniobra ante la ofensiva mostrada por el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El estallido de octubre del año siguiente le otorgó una nueva oportunidad histórica para jugar un rol relevante en el dinámico curso de la crisis de hegemonía revelada entonces. La ilegitimidad de Piñera y la enorme presión social desatada en las calles obligó a las fuerzas partidarias apostadas en el Congreso a intentar mitigar el conflicto. La derecha se vio obligada a ofrendar la Constitución de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet.
En el denominado «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre quedó el registro de la firma individual del exlíder estudiantil Gabriel Boric sin el respaldo de su partido, Convergencia Social, y con su coalición al borde de la implosión total. Junto con la firma individual de Boric, solo tres partidos del Frente Amplio apoyarían la declaración a través de las firma de sus respectivos presidentes: Revolución Democrática, Comunes y el Partido Liberal.
A pesar de las dificultades, la generación del 2011 —que también había promovido desde diversos frentes la demanda por una nueva Constitución durante el transcurso de la década— se volvió a fundir en un amplio marco de fuerzas opositoras, tanto tradicionales como emergentes, bajo la bandera del Apruebo. A fines de ese año, cuando todo el espectro de partidos políticos definía su marco de alianzas para competir en el turno electoral más exigente y decisivo de la política chilena desde el retorno a la democracia, la renuncia de dos diputados de Revolución Democrática y la posterior salida del Partido Liberal del Frente Amplio se convirtieron en pruebas suficientes para que incluso algunos medios decretaran «el principio del fin del Frente Amplio».
Contrariando estos desalentadores presagios, el Frente Amplio ha mostrado un desempeño político francamente notable durante el ciclo electoral 2017-2021. Mirado en retrospectiva, este ciclo (que finaliza con el plebiscito de salida en la segunda parte del 2022) cambió decisivamente las relaciones de fuerza y las dinámicas de un nuevo sistema de partidos en formación. Si 2017 significó su irrupción electoral e instalación como tercera fuerza política, 2021 será recordado por la consolidación del proyecto político, coronado con la conquista del poder gubernamental en el balotaje del 21-D.
En la primera parte del año el frenteamplismo obtuvo alentadores resultados, partiendo por la megaelección de mayo, donde emergió como el sector político con mayor capacidad hegemónica al interior de la Convención Constitucional: 15 convencionales, 12 alcaldías, 132 concejalías y 2 gobernaciones. En julio, alcanzó la primacía en la coalición Apruebo Dignidad, a partir de la contundente victoria obtenida por Gabriel Boric (60%), quien superó con más de un millón de votos al representante del PC, Daniel Jadue (39%).
Sin embargo, en la segunda parte del año las elecciones parlamentarias y presidenciales del 21 de noviembre fueron un balde de agua fría para la candidatura del Frente Amplio y Apruebo Dignidad. Si bien la coalición conquistó la segunda mayoría de la cámara baja con 37 escaños (la misma cantidad que alcanzó la centroizquierda reunida en Nuevo Pacto Social) y tuvo una participación considerable aunque menos contundente en el Senado (5 escaños), sus resultados en las presidenciales mostraron un alza muy poco significativa respecto de las primarias de julio, aumentado sólo 65 mil votos en cuatro meses de campaña. En este escenario, el representante de la extrema derecha, José Antonio Kast, pasó al balotaje en primera posición.
El hiato electoral que se abrió entre el 21-N y 19-D fue dominado de principio a fin por el candidato Gabriel Boric y su comando, este último reestructurado y potenciado con el ingreso de la renunciada presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Así, el 19-D Boric se impuso sobre Kast con una diferencia de más de diez puntos (casi un millón de votos). No sólo se transformó en el candidato que ha recibido el mayor caudal de votos en toda la historia de Chile (en términos brutos), sino que también se convertirá en el presidente en ejercicio más joven del recuento republicano.
Si bien la contundente victoria electoral otorga un idóneo margen de maniobra al nuevo presidente electo —al mismo tiempo que debilita las posiciones de la derecha política—, este resultado no puede eclipsar el dilema de que, al igual que en los dos gobiernos precedentes, nos encontramos ante un «gobierno de minorías» (Claudio Fuentes), que en términos brutos convoca a menos de un tercio del electorado total (considerando la gran masa de votantes que aún no se siente convocada a las urnas).
Más allá de las vicisitudes que deberá afrontar el nuevo gobierno de Gabriel Boric, es dado considerar que la eficacia mostrada por la cuarta «generación dorada» respecto de las tres anteriores (1848, 1920 y 1968) se basa en dos cuestiones fundamentales: primero, ninguna otra generación tuvo un proceso tan acelerado de organización política partidaria que en menos de un década fuese capaz de pasar de la calle a consolidar posiciones de poder fundamentales al interior del Estado por medio de la vía electoral. Formalmente, el Frente Amplio, creado en 2017, tardó menos de cinco años en llegar al poder Ejecutivo e instalarse como una fuerza gravitante en el Congreso y la Convención Constitucional, además de llegar a la conducción de una serie de alcaldías a nivel local. El único antecedente partidario que puede ostentar tan meteórico ascenso es la Democracia Cristiana, partido fundado en 1957 y que llegó a La Moneda siete años más tarde de la mano de Eduardo Frei Montalva y su «revolución en libertad».
En segundo lugar, ninguna de las anteriores «generaciones doradas» fue capaz de promover una nueva Constitución. La de 1848 no logró derribar la Constitución de 1833, mientras que la de 1920 terminó acomodándose con el tiempo a la de 1925. La generación del 2011 promovió la demanda por una nueva carta fundamental surgida en el fragor de las movilizaciones desarrolladas en el transcurso de la década, y consolidadas tras la emergencia del estallido y la apertura del proceso constituyente.
Corroborar la hipótesis que sugiere que la cuarta «generación dorada» de la política chilena ha sido la más eficaz en la historia del Chile republicano maneja, por eso, buenos antecedentes desde una perspectiva comparada, política e historiográfica. Sin embargo, su mayor demostración —y tal como suele suceder en política— debe desplegarse a un nivel eminentemente práctico. Dependerá de la actuación del nuevo gobierno de Apruebo Dignidad, por un lado, y del resultado de la Convención Constitucional y su eventual ratificación plebiscitaria el próximo año, por el otro, si acaso la hipótesis que hemos manejado en estas columnas es finalmente confirmada.
Referencias
[1] MAYOL, Alberto (2012). El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo (Santiago: Lom).
[2] AGACINO, Rafael (2015). «La contrarrevolución neoliberal chilena y la construcción política estratégica para el hoy». Prólogo a Las fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la «democracia tutelada» y conflictos de clases, de Franck Gaudichaud (Santiago: Quimantú y Tiempo Robado).
[3] RUIZ, Carlos (2015), De nuevo la sociedad (Santiago: Lom); y GARRETÓN, Manuel [coord.] (2017), La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI (Santiago: Lom)
[4] MAYOL, Alberto (2012). No al lucro. De la crisis del modelo a la nueva era de la política (Santiago: Debate).
[5] MAYOL, Alberto y CABRERA, Andrés (2017). Frente Amplio en el momento cero. Desde el acontecimiento de 2011 hasta su irrupción electoral en 2017 (Santiago: Catalonia).
[6] En El Desconcierto: «Frente Amplio toma forma: Definen plan de acción y cronograma electoral que incluye las primarias de julio» (21/enero/2017).
Disponible en: https://www.ciperchile.cl/2021/12/27/gabriel-boric-y-la-cuarta-generacion-dorada-parte-ii/